La administración del presidente Donald Trump ha revivido una disposición de la ley de inmigración de 1996 que permite a ICE imponer multas de hasta 1.8 millones de dólares a inmigrantes con órdenes de deportación pendientes que no abandonen el país.
Abogados de inmigración alertaron que esta práctica, ya usada de manera esporádica durante el primer mandato de Trump y eliminada bajo el gobierno de Joe Biden, ha regresado con mayor fuerza, acompañada de demandas y cambios en el proceso de apelación. Según expertos, se trata de una táctica de intimidación que busca que inmigrantes se autodeporten.
¿Qué medida retomó el Gobierno de Trump?
ICE volvió a imponer multas financieras contra inmigrantes que tienen órdenes de deportación pendientes y no se marchan del país, con montos que pueden alcanzar hasta 1.8 millones de dólares.
¿De dónde proviene esta política?
Se trata de una disposición incluida en la Ley de Inmigración de 1996. Aunque fue aplicada de manera limitada en el primer mandato de Trump, quedó suspendida bajo la administración de Joe Biden y ahora ha sido reactivada.
¿En qué consisten las multas?
Las sanciones incluyen cargos de entre 100 y 500 dólares por cada entrada irregular, y hasta 998 dólares por día por permanecer en el país sin cumplir con la orden de expulsión. Estos montos pueden acumularse durante cinco años.
¿Cuántas multas se han emitido?
En junio, ICE informó que había emitido más de 10,000 multas bajo este programa.
¿Qué cambios se hicieron al proceso?
El Gobierno anunció regulaciones para agilizar las sanciones: redujo el tiempo para apelar, eliminó el período de notificación de 30 días y modificó las cartas de aviso, que ahora llegan como facturas directas, limitando las posibilidades de defensa legal.
¿Qué consecuencias pueden enfrentar los inmigrantes que reciben estas sanciones?
Además de las deudas millonarias, el Departamento de Justicia podría iniciar demandas en contra de los afectados para hacer efectivas las multas, aumentando la presión sobre quienes ya enfrentan procesos de deportación.
La reactivación de estas multas millonarias marca un endurecimiento en las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump. Aunque las autoridades las defienden como un mecanismo para hacer cumplir la ley, abogados y defensores de inmigrantes advierten que se trata de una medida intimidatoria que vulnera derechos, acelera procesos sin garantías y busca forzar la salida de miles de personas a través del miedo y la presión económica.
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