Ayer, lunes 27 de marzo de 2017, el fiscal general Jeff Sessions advirtió a las ciudades santuario que podrían perder dinero federal por negarse a cooperar con las autoridades de inmigración y sugirió que el gobierno vendría por el dinero que ya había sido otorgado si no cumplen.
Las ciudades santurario se han negado a colaborar con las autoridades migratorias que tienen como objetivo detener a inmigrantes indocumentados. Sessions anunció que el gobierno federal implementaría acciones en contra de las ciudades santuarios. Sessions agregó que el Departamento de Justicia requerirá que las ciudades que busquen subvenciones de un fondo de $ 4.1 mil millones verifiquen que cumplen con una sección de la ley federal que permite compartir información con funcionarios de inmigración.
Desde la sala de información de la Casa Blanca, Sessions dijo, “Tales políticas no pueden continuar. Hacen que nuestra nación se vuelva menos segura poniendo criminales peligrosos en nuestras calles”. “Insto a los estados y a las ciudades de la nación a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos negándose a hacer cumplir nuestras leyes de la inmigración”, dijo Sessions.
El mensaje de Sessions se produjo días después de que la administración publicara un informe sobre las cárceles locales que incluían más de 200 casos de inmigrantes liberados de custodia antes de que agentes federales pudieran intervenir. Esa lista fue adquirida después de la orden ejecutiva que Trump firmó en enero y que pedía al gobierno que documentara qué jurisdicciones locales no están cooperando con los esfuerzos federales para encontrar y deportar ilegalmente inmigrantes en el país.
Líderes municipales en Nueva York reaccionaron a la represión de Trump. “Vamos a convertirnos en la peor pesadilla de esta administración”, dijo la concejal de la Ciudad de Nueva York., Melissa Mark-Viverito. Se comprometieron a impedir que los agentes federales de inmigración accedieran a ciertas áreas privadas de la propiedad de la ciudad, restringieran su acceso a las escuelas y los registros escolares y ofrecieran servicios legales a los inmigrantes ilegales.
