La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos concedió al gobierno del presidente Donald Trump un pedido de emergencia que permite poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión, tomada sin explicar los motivos, revierte una orden de una jueza de distrito que había extendido la vigencia del programa de manera temporal mientras se resolvía la disputa legal.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito?
Autorizó al gobierno de Donald Trump a proceder con la eliminación del TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, suspendiendo así una orden judicial que mantenía vigente el beneficio.
¿Cuántas personas se ven afectadas por esta decisión?
Aproximadamente 60,000 inmigrantes de esos tres países que residen actualmente en Estados Unidos bajo el amparo del TPS.
¿Por qué es polémica esta decisión?
El tribunal no ofreció ninguna justificación sobre por qué consideró la solicitud del gobierno como una “emergencia” ni explicó las razones detrás de su fallo, lo que generó críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes.
¿Qué habían resuelto los tribunales anteriormente?
Una jueza de distrito había extendido la validez del TPS hasta el 18 de noviembre de 2025, con el objetivo de dar tiempo para resolver el caso en los tribunales. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió suspender esa orden.
¿Quiénes integraban el panel de jueces que tomó la decisión?
Fueron tres jueces designados en diferentes administraciones: Bill Clinton, George W. Bush y Donald Trump.
¿Qué opinan las organizaciones defensoras de inmigrantes?
El Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, junto con la ACLU del Sur de California, criticaron fuertemente la falta de fundamentación del fallo, señalando que vulnera el debido proceso y afecta los derechos de miles de familias.
La decisión de la Corte de Apelaciones representa un duro golpe para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que dependen del TPS para vivir y trabajar en Estados Unidos.
Mientras organizaciones de derechos civiles denuncian que el fallo carece de justificación y pone en riesgo la estabilidad de miles de familias, el futuro del programa queda nuevamente en manos de los tribunales y de la política migratoria del gobierno federal.
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