El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que no cumplirá con la nueva ley de California que prohíbe a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizar máscaras durante los operativos.
La normativa, firmada por el gobernador Gavin Newsom, busca garantizar transparencia en las acciones migratorias, pero ha sido rechazada por el gobierno federal, que la calificó de “inconstitucional” y “maniobra política”. La disputa refleja las crecientes tensiones entre el estado de California y la administración del presidente Donald Trump en torno a la aplicación de leyes migratorias.
¿Qué establece la nueva ley de California?
La legislación, llamada “Ley contra la policía secreta”, prohíbe que los agentes de ICE usen máscaras durante los operativos, salvo en casos “absolutamente necesarios”. Además:
- Obliga a que los funcionarios se identifiquen con nombre o número de placa.
- Restringe el acceso de ICE a espacios sensibles como escuelas y hospitales.
- Requiere notificar a las familias en caso de redadas en centros escolares.
- Exige orden judicial para ingresar a aulas o salas de emergencia.
- Refuerza la confidencialidad de estudiantes y pacientes.
¿Cuál es la posición del DHS?
El DHS declaró que la ley es “inconstitucional” y acusó a California de usarla como una “maniobra de recaudación de fondos y relaciones públicas”. Según el Departamento, el uso de máscaras protege a los agentes y sus familias, quienes enfrentan un aumento del 1,000 % en agresiones y amenazas.
¿Qué argumenta el gobernador Gavin Newsom?
Newsom defendió la iniciativa como la primera en el país en limitar expresamente el uso de máscaras por ICE. Señaló que los ciudadanos “deben saber que están interactuando con agentes legítimos” y acusó a la agencia de operar como una “policía secreta”.
¿Cuándo entra en vigor esta ley?
Las restricciones entraron en vigor de inmediato tras la firma del gobernador el sábado.
¿Cuál es el contexto político y migratorio?
La medida surge en medio de redadas migratorias intensificadas por el presidente Donald Trump, especialmente en ciudades como Los Ángeles. El conflicto entre California y el gobierno federal refleja el choque entre políticas estatales de protección a inmigrantes y la línea dura de la administración federal en materia migratoria.
La decisión del DHS de no acatar la nueva ley de California abre un nuevo frente de confrontación legal y política entre el gobierno estatal y la administración federal. Mientras California busca transparencia y protección de las comunidades inmigrantes, el gobierno de Trump insiste en la seguridad y el respaldo a sus agentes. El desenlace podría derivar en una batalla judicial que defina hasta qué punto los estados pueden limitar las operaciones de las agencias federales en su territorio.
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