Una nueva política migratoria está generando preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
Según documentos internos revelados por The Washington Post, el gobierno del presidente Donald Trump ha autorizado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a deportar a inmigrantes hacia terceros países —algunos considerados inseguros— con un aviso mínimo de 24 horas, e incluso de solo 6 horas en circunstancias urgentes.
La medida ha sido posible gracias a un reciente fallo de la Corte Suprema.
¿Qué establece la nueva política del ICE sobre deportaciones?
La política permite al ICE notificar a los inmigrantes su deportación a terceros países con solo 24 horas de antelación. En casos “urgentes”, el aviso puede ser de tan solo seis horas.
¿Qué ocurre si el país de destino no ofrece garantías de seguridad para el inmigrante?
Aunque los países no ofrezcan garantías sobre la integridad física o los derechos de los inmigrantes, el ICE podrá continuar con las deportaciones. La agencia considera suficiente si el Departamento de Estado cree que esas garantías “son creíbles”.
¿Qué casos recientes ilustran la aplicación de esta política?
Uno de los casos más relevantes es el de ocho inmigrantes que permanecían en una base militar en Yibuti y fueron enviados a Sudán del Sur, un país con una grave crisis humanitaria.
También se mencionan deportaciones recientes de más de 250 venezolanos a una cárcel en El Salvador, y vuelos hacia Costa Rica, Panamá y México.
¿Qué justificación dio el gobierno de Trump?
La secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la política como una forma efectiva de “sacar a delincuentes del país”. Dijo que, si un país no acepta a sus ciudadanos, EE.UU. ha negociado con otros países para que los reciban temporalmente.
Esta nueva estrategia de deportaciones representa un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos, con implicaciones directas sobre los derechos de los inmigrantes.
La posibilidad de ser enviados a países con los que no tienen ninguna relación ni garantía de seguridad, y con poco o ningún aviso previo, genera preocupación entre expertos, activistas y comunidades afectadas.
A medida que esta práctica se expande, el debate legal y humanitario continuará intensificando.
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