El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que refuerza las sanciones contra inmigrantes indocumentados, crea una junta estatal de migración y elimina exenciones de matrícula universitaria para estudiantes sin estatus legal.
¿Qué establece la nueva ley firmada por DeSantis?
La ley SB-2, firmada por el gobernador DeSantis, establece sanciones penales más severas para los inmigrantes indocumentados, crea una Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, y elimina las exenciones de matrícula universitaria para estudiantes sin estatus legal, incluyendo a los beneficiarios de DACA. También refuerza la cooperación entre el estado y el ICE, y prohíbe las políticas de “ciudades santuario.”
¿Qué cambios se aplicarán a la matrícula universitaria en Florida?
A partir del 1 de julio de 2025, la ley eliminará las exenciones que permitían a los estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, pagar tarifas de matrícula estatales. Se revisará la elegibilidad de los estudiantes que actualmente reciben esta exención, lo que podría afectar su capacidad de seguir estudiando en las universidades estatales de Florida.
¿Cómo afecta esta ley a los inmigrantes que cometen delitos?
La ley crea una categoría de “delincuente peligroso no autorizado” para aquellos inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves. Se imponen penas más severas, como cadena perpetua para ciertos delitos, y el aumento de las penas dependiendo de la gravedad del delito cometido por un inmigrante sin autorización.
¿Qué cambios se implementan en cuanto a la detención y la fianza?
El estatus migratorio se convierte en un factor crucial para determinar si se concede fianza a quienes son acusados de delitos graves. Los inmigrantes arrestados por delitos violentos no podrán ser liberados antes de su primera audiencia, y si se confirma que son indocumentados, podrían enfrentarse a una detención sin derecho a fianza.
¿Qué es la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración?
La Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración se establece dentro del Departamento de Policía de Florida. Su función será coordinarse con el gobierno federal para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, aprobando acuerdos con el ICE bajo el programa 287(g) y supervisando las políticas migratorias en el estado.
La ley, que se implementará con un presupuesto de 250 millones de dólares, ha sido aprobada y genera controversia sobre su impacto en la comunidad inmigrante, especialmente en los estudiantes indocumentados.
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