Un juez federal en Seattle bloqueó una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitida en julio pasado durante la administración del presidente Donald Trump, que buscaba restringir el acceso de familias inmigrantes a beneficios federales de salud y programas sociales.
La decisión restablece temporalmente la antigua política que permitía a inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, acceder a servicios como Head Start, un programa de educación preescolar para menores de cinco años.
¿Qué decidió el juez federal?
El magistrado Ricardo Martínez ordenó restablecer de manera temporal los beneficios suspendidos y bloqueó la directiva del HHS que excluía a familias inmigrantes de ciertos programas.
¿Qué beneficios estaban en riesgo?
Principalmente los servicios de salud y educación temprana, como el programa Head Start, que atiende a niños en edad preescolar con fondos federales.
¿Cuál era la política de Trump?
La administración Trump reinterpretó la ley de 1996 (PRWORA) para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a programas financiados con recursos estatales y locales, excluyéndolos de servicios esenciales.
¿Qué dijo la corte sobre esta restricción?
El juez Martínez señaló que el HHS no tiene la autoridad para imponer restricciones basadas en el estatus migratorio a familias que buscan acceder a Head Start y otros programas similares.
¿Quiénes presentaron la demanda?
Una coalición de 21 estados, apoyados por organizaciones defensoras de derechos civiles, presentó la demanda para detener la implementación de la nueva política.
¿Qué implica este fallo?
Significa que, al menos temporalmente, las familias inmigrantes —sin importar su estatus— podrán seguir accediendo a programas de salud y educación como antes de la medida de Trump.
El fallo del juez Ricardo Martínez marca una victoria importante para las familias inmigrantes y para los defensores de derechos civiles, al garantizar que los niños no sean excluidos de servicios esenciales por el estatus migratorio de sus padres. Aunque la decisión es temporal, envía un mensaje claro: la protección del acceso a la salud y la educación en la infancia debe estar por encima de políticas restrictivas.
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