El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva dirigida a las llamadas “ciudades santuario”, para presionar a jurisdicciones que no cooperan con autoridades migratorias.
Esta medida busca fortalecer el control migratorio a nivel nacional, pero ha generado un amplio debate sobre su legalidad, alcance y consecuencias.
¿Qué son las ciudades santuario y por qué están en el centro de esta orden ejecutiva?
Son jurisdicciones que han limitado su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Esto significa que, en muchos casos, no entregan a inmigrantes indocumentados detenidos a las autoridades federales.
La orden ejecutiva busca identificar y penalizar a estas ciudades.
¿Qué ordenó exactamente Trump con esta medida?
La orden instruye a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista de las ciudades santuario y a tomar acciones legales contra ellas, incluyendo la posible suspensión de fondos federales.
¿Cómo justificó Trump esta decisión?
Desde la Oficina Oval, Trump calificó la negativa de las ciudades santuario como una “insurrección ilegal” que, según él, obstaculiza la aplicación de las leyes migratorias federales.
¿Qué argumentan los defensores de las ciudades santuario?
Sostienen que estas políticas fortalecen la confianza entre las comunidades migrantes y las fuerzas del orden, permitiendo que se denuncien delitos sin temor a represalias migratorias.
¿Cuál es la base legal de la presencia de inmigrantes sin estatus?
Vivir en Estados Unidos sin estatus migratorio legal es una infracción civil, no un delito penal, según la ley estadounidense.
¿Qué relación tiene esta medida con las agencias locales?
Ya existen más de 450 acuerdos entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permiten que policías locales actúen como agentes migratorios en distintos estados.
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