El gobierno del presidente Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema que permita aplicar su orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
Esta política, emitida el primer día de su mandato, ha estado bloqueada por los tribunales federales y representa uno de los desafíos constitucionales más significativos de los últimos tiempos. La decisión del máximo tribunal podría determinar el futuro de uno de los principios más arraigados en la historia migratoria del país.
¿Qué está pidiendo el gobierno de Trump a la Corte Suprema?
El gobierno solicitó que la Corte Suprema permita la aplicación de la orden ejecutiva presidencial que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta política busca que los hijos de migrantes indocumentados o extranjeros con estatus temporal, nacidos en EE. UU., ya no reciban ciudadanía automática.
¿Qué establece actualmente la Constitución sobre la ciudadanía por nacimiento?
La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción es automáticamente ciudadana. Esta interpretación ha sido confirmada por la Corte Suprema durante más de un siglo, incluyendo un fallo histórico de 1898 que otorgó la ciudadanía a un niño nacido en San Francisco de padres chinos.
¿Por qué la orden ejecutiva de Trump está bloqueada?
Varios tribunales federales emitieron pausas temporales argumentando que la orden viola la Constitución. En junio, la Corte Suprema limitó el alcance de las medidas cautelares a nivel nacional, pero la política siguió enfrentando litigios en cortes de apelación.
Tanto el Noveno Circuito como tribunales de Nuevo Hampshire fallaron en contra de la medida, afirmando que contradice el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda.
¿Cuáles son los argumentos legales del gobierno?
El procurador general John Sauer sostiene que la interpretación común de la Enmienda es “errónea” y que originalmente la ciudadanía se concedía solo a esclavos liberados y sus descendientes, no a hijos de extranjeros temporales o indocumentados.
Argumenta que los fallos de cortes inferiores impiden políticas esenciales para la seguridad fronteriza y otorgan ciudadanía a cientos de miles de personas “no calificadas”.
¿Qué dicen los opositores a la medida?
Organizaciones como la ACLU, estados como Washington y Arizona, y expertos legales afirman que la orden ejecutiva contradice claramente la Constitución y más de 127 años de precedentes legales.
Consideran que eliminar la ciudadanía por nacimiento representaría un cambio radical en la definición de quién es estadounidense.
¿Qué podría pasar si la Corte Suprema acepta el caso?
Si el tribunal decide tomar el caso, escucharía argumentos durante su próximo periodo, que inicia en octubre. Un fallo podría llegar entre junio y julio.
La Corte tendría la última palabra sobre la constitucionalidad de la orden, en un caso que podría redefinir derechos fundamentales de ciudadanía en Estados Unidos.
¿Cuál es el estado actual de las demandas?
Existen dos apelaciones principales:
- Una presentada por el estado de Washington y otros estados.
- Otra presentada en Nuevo Hampshire por demandantes individuales y la ACLU.
Ambas están en curso y podrían tardar meses en resolverse, ya que no se trata de solicitudes de emergencia.
La decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento será un momento decisivo para el sistema legal y migratorio de Estados Unidos. Más allá del debate político, está en juego la interpretación de una cláusula constitucional que ha definido durante generaciones qué significa nacer estadounidense. La resolución podría marcar un precedente histórico con repercusiones profundas para millones de familias migrantes en el país.
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