Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaron una nueva directriz que permitirá a los agentes considerar si un inmigrante ha expresado o apoyado posturas “antiestadounidenses, terroristas o antisemitas” al evaluar solicitudes de beneficios como la residencia permanente o la naturalización.
Aunque el gobierno argumenta que esta medida busca proteger al país, críticos y expertos señalan que la falta de claridad sobre qué constituye ser “antiestadounidense” abre la puerta a interpretaciones subjetivas, sesgos y posibles violaciones a derechos constitucionales.
¿Qué implica la nueva política de USCIS?
La medida establece que los agentes deberán tomar en cuenta si un solicitante “apoyó, promovió o defendió” ideologías consideradas antiestadounidenses, terroristas o antisemitas al momento de evaluar su solicitud migratoria.
¿Se ha definido qué significa ser “antiestadounidense”?
No. USCIS no ha especificado qué conductas o expresiones entran en esta categoría ni cómo se aplicará la directriz en la práctica, lo que genera incertidumbre entre inmigrantes y especialistas.
¿Esta política obliga a los agentes a negar solicitudes?
No necesariamente. Según USCIS, los agentes no están obligados a rechazar automáticamente un caso, pero sí deben considerar estas conductas como un factor negativo en su evaluación.
¿Por qué existe preocupación?
Advierten que el concepto de “antiestadounidense” es subjetivo y que podría permitir que prejuicios o estereotipos influyan en la decisión de los agentes, afectando la objetividad del proceso.
¿Cómo se relaciona con otros cambios recientes en inmigración?
Forma parte de una serie de medidas impulsadas bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, como la revisión de redes sociales de los solicitantes y la evaluación del “buen carácter moral” para obtener la ciudadanía.
¿Esta política afecta la libertad de expresión de los inmigrantes?
Aquí existe debate. Algunos expertos sostienen que la Primera Enmienda no protege a personas que no son ciudadanos o que se encuentran fuera de EE.UU., mientras que otros abogados argumentan que la Constitución protege a toda persona en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio.
La nueva política de USCIS refleja el endurecimiento de las evaluaciones migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump.
Aunque la intención declarada es negar beneficios a quienes promuevan ideologías contrarias a los valores del país, la falta de claridad sobre qué se considera “antiestadounidense” deja un margen amplio para interpretaciones personales.
Esto ha generado preocupación entre defensores de inmigrantes, quienes anticipan que el tema podría terminar siendo debatido en tribunales.
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